Contraloría detecta graves anomalías en Coquimbo por mal uso de bonos a víctimas del terremoto

Por Jorge Molina Sanhueza

A poco más de un año del terremoto que afectó a la Región de Coquimbo en septiembre del 2015, la Contraloría ordenó realizar un sumario administrativo en la Intendencia de esta región luego que determinara graves irregularidades en la utilización de los fondos entregados por el gobierno central para las víctimas de esta catástrofe.

Entre las anomalías detectadas por el organismo fiscalizador, hay 98 casos donde aparecen  pagos duplicados y hasta triplicados, por un monto total de $ 98,5 millones, según consta en el informe al que accedió este medio.

A lo anterior se suma que 3.463 personas, carecen de fichas, de acuerdo a la información de la Seremi de Desarrollo Social de la región, "no advirtiéndose el otorgamiento de los beneficios en examen (...) por lo que esta Contraloría Regional incorporará esta materia en el proceso disciplinario que iniciará". Estos fondos, además deberán ser analizados, porque incluyen a una serie de municipalidades, algunas de ellas ubicadas en zonas aisladas e interiores.
 
Suma y sigue... la entidad revisora, estableció que en la Intendencia mencionada, se carece de los comprobantes de egreso asociados a los pagos del beneficio, los que se dividen en aquellos destinados a la compra "de enseres y acogida familiar"

"Adicionalmente, se determinó que las rendiciones presentadas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016 correspondientes al bono de acogida, fueron informadas a la Subsecretaría del Interior sin movimiento, en circunstancias que el reporte de los pagos efectuados proporcionados por el Banco Estado da cuenta de haber realizado transferencias, razón por la que esta Sede Regional incorporará la presente materia al proceso disciplinario", según establece el documento.

Otro problema radica en el Programa Regional de Capacitación, efectuado por el Ministerio de Desarrollo Social, destinado a entregar herramientas laborales a los afectados por el sismo. Al respecto la Contraloría establece que "se constató que diversos entrevistadores, que aplicaron el instrumento de catastro (...) en las áreas afectadas como consecuencia de la catástrofe ocurrida el 16 de septiembre de 2015 no fueron capacitados".

En materia de conciliación bancaria, de un total de 3.535 millones, hubo un sobregiro superior a los 325 millones, hecho también objetado por la Contraloría.

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