Detenidos por violaciones a DD.HH. en Punta Peuco reciben pensiones de hasta $3,2 millones
En total son 95 los generales y ex oficiales de Fuerzas Armadas que, en promedio, reciben $1.618.459 mensualmente por concepto de pensión, pese a encontrarse cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco por delitos relacionados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Según datos entregados por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), mediante la Ley de Transparencia, el listado es encabezado por el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, quien recibe mes a mes una cifra que supera los 3 millones de pesos, la cual se le entrega desde el 11 de noviembre de 1999.
Lo sigue el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien recibe $2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997, según consigna el diario La Tercera. El ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, Miguel Krassnoff, por su parte, percibe una pensión mensual que asciende a $2.489.658, una de las más altas del listado.
"DERECHO ADQUIRIDO"
Consultado por esta situación, el abogado especialista en casos de delitos de lesa humanidad Nelson Caucoto sostiene que “el hecho de violador de derechos humanos no impide tener la pensión”, sin embargo, agrega que el tema pasa por “cómo este país no tiene un sistema de degradación. Ellos deberían perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”.
No obstante lo anterior, Caucoto se muestra contrario a retirarles este beneficio a los condenados. “Significa castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos”, explica.
El abogado de los internos de Punta Peuco, Raúl Meza, sostuvo que las pensiones corresponden a “un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley”.
Además, agrega que “cualquier iniciativa de ley (que intente revocar este beneficio) vulneraría la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal”.
