Ministro Campos y proyecto que elimina indulto presidencial en delitos de lesa humanidad: "La polémica no me sorprende"
"La polémica no me sorprende. Lo único que deseo es que a medida que vayan pasando los días las personas interesadas vayan conociendo más el proyecto, se vayan involucrando, porque ahí se van a dar cuenta de que mucho de lo que hoy se está diciendo no corresponde a la verdad. Este proyecto de ley es complejo, puesto que trata 6 materias distintas".
Con esas palabras, el ministero de Justicia, Jaime Campos, defendió el proyecto de ley enviado por la Presidenta Bachelet que busca eliminar el indulto particular para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, dejando en manos de tribunales las peticiones solicitadas por reos con enfermedades terminales.
La iniciativa ha sido criticada por familias de víctimas de delitos en contra de los Derechos Humanos ocurridos durante la Dictadura Militar, puesto que permitiría que varios condenados busquen la rebaja de sus condenas o la modificación de su cumplimiento.
En conversación con Ahora Noticias, el titular de la cartera especificó que el texto "regula todo lo que se refiere a los beneficios intrapenitenciarios, rebaja de condena, libertad condicional, el indulto presidencial y dos situaciones humanitarias que son las más frecuentes, por un lado el caso de los enfermos terminales y por el otro el de los enfermos mentales que han sido condenados".
REQUISITOS
En específico, en el escenario de que la iniciativa legal del Ejecutivo llegase a la etapa de promulgación, permitiría que aquellos condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentren en situación de enfermedad terminal o psiquiátrica obtengan modificaciones en su condena o su forma o lugar de cumplirla, siempre y cuando muestren arrepentimiento y aportan antecedentes serios a las causas.
Si eso se cumple, según contempla el mismo texto, será "el tribunal de garantía el que, mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal, podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario".
