$23 mil millones faltantes y nexos irregulares: Lo que se sabe del posible nuevo caso de corrupción en Carabineros
¿QUÉ PASÓ? La Contraloría General de la República denunció que según la investigación que realizó en Carabineros, no se logró aclarar el paradero de poco más de 23 mil millones de pesos, destrucción de documentos y ausencia de contabilidad al interior de la Dirección de Bienestar de Carabineros (DIBICAR).
¿CÓMO PASÓ? Entre los años 2005 y 2016, a la DIBICAR le correspondió percibir excedentes de la Mutual de Carabineros (MUTUCAR) por un total de $ 23.574.074.551, monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal, pero aquellos dineros no ingresaron nunca a sus arcas, ya que fueron utilizados para compensar deudas adquiridas con dicha aseguradora, mecanismo que resulta improcedente a la luz de lo dispuesto en los artículos 2° y 4° de la ley N° 18.713 que establece el Nuevo Estatuto de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile.
¿QUÉ OTRA IRREGULARIDAD SE DETECTÓ? El Director de Bienestar de Carabineros de Chile forma parte del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, lo que no se aviene con lo dispuesto Contraloría mediante el dictamen N° 262, de 2018, el cual señala que no procede que altas autoridades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile integren el Consejo de Administración de esa mutualidad, pues la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su posición institucional.
¿HUBO CONTABILIDAD? La DIBICAR no contabilizó los citados excedentes, ni las deudas adquiridas con la MUTUCAR, originadas en los convenios suscritos con ésta en ese período, por un monto de $ 16.022.331.119, cuya compensación no los libera de su registro contable. Tampoco ha contabilizado la totalidad de sus bienes raíces, pues acorde a sus estados financieros éstos ascienden a $57.589.938.018, en circunstancia que, según un registro extracontable individualiza 1.277 propiedades que al 31 de agosto de 2017 conformaban sus inmuebles de afectación fiscal, que tienen un avalúo fiscal de $124.099.076.388.
¿QUÉ DEBE HACER AHORA LA DIBICAR?
-Deberá registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la MUTUCAR, lo que tendrá que ser acreditado a la Contraloría General, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del informe.
-Deberá adoptar las medidas tendientes a que funcionarios en servicio activo no desempeñen cargos en la referida mutualidad conforme lo dispuesto en la jurisprudencia citada, informando las acciones adoptadas a Contraloría, en el plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del informe.
¿CÓMO CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN? Contraloría ya envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que analice posibles acciones legales.
¿QUÉ LE JUEGA A FAVOR A LOS INVOLUCRADOS? Las irregularidades detectadas durante la presente fiscalización corresponden a situaciones que se produjeron hasta el 31 de marzo de 2017, es decir, cuando estaba vigente el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa de seis meses establecido en el decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, que Aprueba Reglamento Disciplinario N° 11 de Carabineros de Chile, por lo que no es posible, en esta fecha, instruir u ordenar a la Dirección de Bienestar un procedimiento disciplinario que permita hacer efectivas las responsabilidades administrativas correspondientes.
¿QUÉ DICE CARABINEROS?
“Durante 2017, por un espacio de nueve meses, personal de la Contraloría General de la República se apersonó en la Dirección de Bienestar y efectuaron una revisión que comprendía inicialmente los años 2017 y 2016. Se entregó toda la información que estaba disponible en cuanto a documentos y otros antecedentes. No obstante a ello, los inspectores de esta entidad comenzaron a auditar otros años, llegando a 1991. Y efectivamente se encontraron algunas observaciones”, confesó el director de la DIBICAR, el general Mario Rozas.
“Ese dinero está reflejado en complejos habitaciones y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus grupos familiares. Eso está acreditado con la presentación de escrituras, cartolas bancarias de pago, estados de avance y toda una documentación, planos incluso, que acredita que ahí está el dinero que se invirtió”, agregó Rozas.
“No hay existencia de dolo, porque nuestra institución como ente público está sujeto a una reglamentación y dentro de ella está una normativa que habla de la mantención, conservación, destrucción de la documentación. Y documentación antigua, de 1991 hasta 2005 e incluso la actual también está inserta dentro de este reglamento y si corresponde va siendo destruida”, cerró Rozas.
