Formalizados por asesinato de profesor de Villa Alemana arriesgan pena de presidio perpetuo
En prisión preventiva quedaron Johanna Hernández y Francisco Silva, los dos imputados por la presunta responsabilidad en el asesinato del profesor Nibaldo Villegas, cuyo torso fue encontrado flotando en las cercanías de Valparaíso.
En la audiencia, desarrollada en el Juzgado de Garantía del puerto, la expareja del fallecido junto a su actual novio fueron formalmente acusados por los delitos parricidio, en el caso de Hernández, y de homicidio calificado, en cuanto a Silva.
Paralelamente, durante el proceso judicial, el Ministerio Público pretende que se acredite la concurrencia de ciertas agravantes que permitan la consecución de las máximas penas para ambos imputados.
Entre estos factores que se pretenden probar se encuentra, por ejemplo, la premeditación conocida, que corresponde a la planificación previa del crimen cometido. Al mismo tiempo, Fiscalía intentará acreditar la agravante de alevosía, que significa que los hechos fueron cometidos "sobre seguro, a traición, sin que la víctima pudiera defenderse", según define el sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional.
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PENAS
En el caso de Johanna Hernández, las penas asociadas al delito que se le imputa (parricidio) parten en presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado, es decir, desde quince años y un día, hasta la condena máxima del ordenamiento jurídico vigente, que impide solicitar la libertad condicional antes de cumplir 40 años en prisión.
Francisco Silva, por su parte, acusado de homicidio calificado, arriesga una condena de parte en presidio mayor en su grado máximo, hasta el presidio perpetuo, lo cual equivale a una pena desde 15 años y un día hasta la segunda más gravosa del sistema penitenciario, que significa prisión efectiva sin posibilidad de acceder a beneficios carcelarios, como la libertad condicional, antes de haber cumplido 20 años privado de libertad.
La graduación de las penas de los dos formalizados por el crimen de Villegas dependerá de cuántas agravantes o atenuantes logren acreditar las partes que intervienen en el proceso judicial, es decir, en este caso, el Ministerio Público y los abogados defensores de Hernández y Silva.
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