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Presidente del TC y cuestionamientos al organismo: "Quizás también los parlamentarios debieran hacer una autocrítica"

  • Por Meganoticias

Luego de que la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional el artículo 63 de la reforma a la Educación Superior y desatara gran controversia por la decisión, el presidente del organismo, Iván Aróstica, defendió el fallo e hizo frente a las críticas. 

"Esto no es nuevo. Es nuevo en Chile, pero a nivel internacional es un tema recurrente que todos los tribunales constitucionales, o los equivalentes, tienen que estar prestos a sufrir ese tipo de críticas. Porque el poder que se les entrega a estos órganos es declarar que una ley, o un proyecto de ley, es nada menos que contrario a la Constitución. Entonces, uno tiene que estar consciente de que es posible que se genere el disgusto de los parlamentarios", sostivo Aróstica en conversación con El Mercurio

"Los países institucionalmente maduros admiten que la voluntad si bien es soberana y mayoritaria, puede equivocarse y ser contraria a la Constitución. Por muchas buenas intenciones que se tengan a la hora de legislar, hay que resguardar la estabilidad constitucional del país", agregó.

Nota

Sobre el planteamiento de algunos parlamentarios respecto de que se debe hacer una reforma al TC, el presidente del organismo descartó que fuera necesario e "indispensable para que siga funcionando la democracia". 

Además, hizo un llamado a los congresistas que han cuestionado las decisiones del TC: "Quizás también ellos debieran hacer una autocrítica. Yo acepto las críticas al Tribunal Constitucional, las tomo en el mejor sentido. No puedo decir que el TC está funcionando como todo el mundo quisiera, pero me gustaría que la autocrítica la hagamos todos", indicó.  

"Que se preguntaran en el Senado o en la Cámara de Diputados si conscientemente estamos claros de que estamos legislando bien, correctamente", sostuvo. 

El artículo 63 de la reforma a la Educación Superior que fue declarado inconstitucional prohibía la inclusión de personas o instituciones con fines de lucro entre los sostenedores de universidades.