Contralor envió oficio a Bachelet sobre rendiciones de gastos reservados: "Carece de aplicación práctica"
Pese a que la controversia sobre la rendición de los gastos reservados por parte de instituciones públicas se ha tomado la agenda pública en el último tiempo, un oficio de Contraloría revela que el Gobierno de Michelle Bachelet estaba al tanto de la situación desde junio de 2016.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, emitió el escrito cuando apenas llevaba seis meses en el cargo, ya que le llamó la atención que los comandantes en jefe acudieran a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en su interior traía la rendición junto a una declaración jurada. El contenido solo era leído y archivado.
El oficio reservado 45.700 remitido el 21 de junio de 2016 indica que la rendición “carece de una aplicación práctica (...) La documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal. (…) Ello considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”, señala el documento dado a conocer por La Tercera.
No solo los gastos reservados de las FF.AA. se rendían de esta forma, sino que también otras nueve instituciones públicas: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.
“Esta Contraloría debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”, advertíó Bermúdez en dicha ocasión.
Para el contralor la situación es una “debilidad normativa”, por lo que le pidió al Ejecutivo “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.
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Tras los escándalos de fraude en Carabineros y el Ejército, se aprobó en el Congreso el artículo número 28 a la Ley de Presupuestos, donde se establece que la rendición de cuentas deberá efectuarse “con la mayor desagregación posible, con el solo límite de no afectar la naturaleza reservada de dichos gastos”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional la impugnó.
