Presidente Piñera ratifica "su firme compromiso" con convención de la ONU sobre Derechos de la Mujer
Un nuevo foco de debate respecto de la política exterior del Gobierno podría abrirse a propósito de un convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la discriminación hacia las mujeres.
En enero la comisión de Relaciones Exteriores del Senado analizó el proyecto de acuerdo que ratifica el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, el cual fue creado en 1979 y fue promulgado por Chile en 1989, según informa El Mercurio.
El punto que podría ser conflictivo radica en un protocolo complementario de este convenio que otorga “amplias potestades” al comité de Ginebra, compuesto por 23 expertos internacionales en la materia, que puede recibir reclamos directos de parte de personas o grupos de personas que sientan que sus derechos estipulados en el tratado fueron violados.
Según consigna el matutino, pese a que este protocolo complementario debe ser aprobado por el Senado, desde el Ejecutivo podrían presentar reservas a la ratificación, pues compartiría la opinión de algunos expertos que señalan que con esto se “cede soberanía”.
Esto porque funcionaría de manera similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está facultada para entregar recomendaciones de carácter obligatorio para los Estados tras recibir, por ejemplo, una demanda de parte de una persona particular.
Frente a esta información, el Presidente Sebastián Piñera escribió en redes sociales que el “Gobierno de Chile ratifica su firme compromiso con la convención NU sobre Derechos de la Mujer, ratificada en 1989. Lo que está en discusión hoy es Protocolo que aprobó la Cámara en 2001 y se encuentra para discusión en el Senado desde entonces”.
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José Miguel Insulza, en tanto, como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, precisó que “antes de aprobar el protocolo complementario queríamos tener una opinión o información del Gobierno acerca de que si al depositar la notificación el Presidente de la República pretendía renunciar a ese mecanismo”.
“A nuestro juicio sería un agregado más a los problemas que han existido con el convenio migratorio y de Escazú. Es un tema complicado”, concluyó Insulza.
En los próximos días se debería conocer una postura oficial por parte del canciller Roberto Ampuero y de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá.
