Cinco formalizados por presunta responsabilidad en muerte de niño en complejo turístico
Pasada las 10:00 horas de este miércoles 20 de marzo, se llevó a cabo la formalización contra los cinco, presuntamente, implicados en la muerte de un menor de tres años que murió al interior del complejo turístico Aguas Calientes, ubicado en la comuna de Puyehue.
El hecho ocurrió el pasado 9 de febrero de 2018 cuando el niño, que se encontraba junto a su familia vacacionando en el recinto, fue succionado por la fuerza del agua de un ductor habilitado para la limpieza de la estructura.
En la instancia, las declaraciones del centro turítisco no habrían sido coherentes con el testimonio de los familiares del niño y tampoco con las del cuerpo médico del Cesfam de Entre Lagos, lugar donde fue trasladado el menor una vez ocurrido el incidente.
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La Fiscalía relató al tribunal que el operario José Ignacio Ojeda Filún abrió la válvula de desagüe para vaciar la piscina cuando aún habían personas en el interior, acción que ocasionó que el menor fuese succionado por el ductor y haya sido encontrado cerca de 20 minutos después.
Además, la persecutora María Angélica de Miguel sostuvo que, a través del testimonio de los trabajadores, la jefa de las termas Margorie Esther Mayorga Escobar, ordenó a sus subordinados, el gerente del complejo, Andrés Eduardo Sanhueza; el jefe de mantención, Mario Alejandro Mora Ruiz, el gerente de operaciones, Rodrigo Emilio Manríquez Alvarado; y el mismo Filún; a decirle a las autoriades que la piscina sí contaba con la rejilla correspondiente y que un turista fue quien la había sustraído.
"Esa rejilla hacía tiempo que no se encontraba, por todas las declaraciones que tuvimos. Y lo que comúnmente se hacía era vaciar la piscina con gente en su interior, para que los bañistas abandonaran el lugar, por lo tanto la negligencia es aún mayor", acusó De Miguel.
Ante la conmoción y la gravedad de los hechos, los trabajadores no acataron la orden de Mayorga y entregaron todos los antecedentes a la Fiscalía.
La persecutora también acusa que la administración del lugar le entregó un protocolo de seguridad e higiene a los empleados una vez ocurrido los hechos. "Hay un peritaje que establece que esos documentos fueron creados posteriormente al fallecimiento del menor, lo que consideramos un hecho bastante grave", indicó.
FIRMA MENSUAL
Los cinco imputados fueron formalizados como autores de cuasidelito de homicidio y decretó firma mensual y arraigo mensual, mientras dura el plazo de investigación de 120 días.
También, se determinó que el actuar de la cadena de mando y de quien abrió la válvula de desagüe fue negligente.
"Las penas van de 61 días a 540 días. Nuestra legislación contempla para este tipo de ilícitos una pena baja, lo cual no se condice con la gravedad del hecho", comentó De Miguel tras la audiencia.
