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La accidentada ruta de la ley de protección de glaciares

La moción parlamentaria presentada en 2014 todavía no puede salir de la comisión de Medio Ambiente y ya tuvo una indicación del Ejecutivo, mientras enfrenta una dura resistencia desde la industria minera.

09 de Septiembre de 2015 Icono reloj 10:56

La accidentada ruta de la ley de protección de glaciares

Por Fernando Pérez G. 

El miércoles 9 de septiembre, en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, se continuará con la discusión en particular del proyecto de ley que busca establecer "la protección y la preservación de glaciares".

Esta discusión estaba programada para el miércoles 2 de septiembre, sin embargo, el tema se sacó de tabla y se reagendó para el 9 de septiembre. Si bien para esta jornada, tanto los grupos ambientalistas como los parlamentarios autores de la ley esperaban una nueva propuesta del Gobierno en torno al tema, éste anunció que no llegaría con el documento y que se votaran los artículos del proyecto actual.

Chile es un país de glaciares. Cuenta, gracias a la Cordillera de los Andes, con 23.641,6 Km2 de estas reservas naturales de agua dulce: en total, 24.114 glaciares.

Según el estudio de febrero de 2014 "Glaciares de Chile", de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, los glaciares chilenos son un 70% de los glaciares de América del Sur.

¿QUÉ ES UN GLACIAR Y CUÁL ES SU FUNCIÓN? 

Por definición, los glaciares son grandes masas de nieve que se forman debido a las nevadas y la posterior compresión de los copos de nieve, que se transforman con el tiempo en hielo glacial.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), definió en 2001 a un glaciar como una "masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo (por deformación de su estructura interna y por el deslizamiento en su base), encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como las laderas de un valle las cumbres adyacentes (...); Un glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran altura, que se compensa con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar".

Los glaciares son "reguladores naturales de los caudales de los ríos. Funcionan al revés de las precipitaciones. Nosotros tenemos precipitaciones en invierno, función de nieve en primavera y aporte de glaciares en verano, lo que ayuda a mantener el caudal de los ríos. Por otra parte, tienen influencia sobre la temperatura del aire, por lo que son reguladores térmicos", dice el académico de la Facultad de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando. 

EL PROYECTO DE LEY

En el discurso presidencial del 21 de mayo de 2014, el primero del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, se nombró tres veces la palabra "glaciares":

"Pero otra de las materias sobre las cuales debemos poner nuestra máxima atención, es en el cuidado de los glaciares. Los glaciares representan una fuente de agua dulce de un valor incalculable. Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales."

Un día antes, había entrado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de "protección y preservación de glaciares", originado de una moción parlamentaria entre cuyos autores están Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (Indp.), Daniel Melo (PS), Camila Vallejo (PC), Patricio Vallespín (DC) y Andrea Molina (UDI).

El documento tenía como primer objetivo "la preservación y conservación de los glaciares; los ambientes glaciares y periglaciares y el permafrost", sustentado éste en el "valor hidrológico estratégico para el mantemiento de las cuencas y ecosistemas" de los glaciares, "que constituyen reservas estratégicas de agua en estado sólido" y "el hecho de que constituyen una de las principales fuentes de agua en épocas de verano y períodos de sequía, siendo probable que estos intervalos de mayor estrés hídrico aumenten en intensidad y frecuencia producto del cambio climático".

Además, el proyecto de ley prohíbe "actividades que generen impactos significativos o daños irreversibles" en los glaciares, como aquellas superficiales o profundas que impliquen "remoción, traslado o destrucción", "que afecten funciones, dinámicas y propiedades esenciales", "que puedan alterar su condición natural, acelerar o interumpir su desplazamiento o acelerar su derretimiento", además de la "liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen".

ENTRA EL GOBIERNO

El día 6 de marzo de 2015, el Gobierno envía una indicación sustitutiva al proyecto de ley, en la cual se reconoce a los glaciares como "bienes nacionales de uso público", por lo que no son "susceptibles de apropiación" ni "podrán constituirse derechos de aprovechamiento de aguas". El documento además crea la figura de la "Reserva Estratégica Glaciar", aplicable sólo para aquel o aquellos glaciares "que sean una reserva hídrica relevante para la cuenca donde se ubican" y "siempre que se trate de una masa de agua terrestre que haya permanecido en estado sólido por al menos diez años". La decisión será tomada por un Consejo de Ministrios para la Sustentabilidad y, una vez lograda esta condición, se prohibirá "su remoción, traslado, destrucción o cubrimiento" que acelere su derretimiento, además de no permitir "aquellas obras o actividades que se desarrollen en su entorno y que puedan alterarlos de modo significativo".

El punto de mayor discusión, es la indicación del Ejecutivo que "prohíbe la realización de toda obra, programa o actividad con fines comerciales que se desarrolle en, o en el entorno de, un glaciar que se localice dentro de una reserva de región virgen o de un parque nacional".

¿Por qué esta indicación no gusta a los grupos ambientalistas? Pues porque, según ellos, deja abierta la puerta a que se realicen actividades comerciales, sobre todo mineras, en los otros glaciares que se encuentran fuera de parques nacionales, algo que queda de manifiesto en el Artículo 7 de las indicaciones del Gobierno: "Las obras, programas o actividades que no estén comprendidas en las prohibiciones a que se refiere el artículo 6° y que se desarrollen en, o en el entorno de, un glaciar, y que puedan afectarlo de un modo directo o indirecto, deberán someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental".

Según datos de Greenpace, con el proyecto, tal como está, quedarían desprotegidos el 67% de los glaciares de todo el país, que son los que no están dentro de un parque nacional. O sea, no contempla ningún glaciar de las regiones Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Metropolitana.

En el discurso del 21 de mayo de 2015, la Presidenta sólo nombró a los glaciares una vez: "(...) Cumplimos con presentar el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto incluye la protección de glaciares, y ya iniciamos la discusión de indicaciones a la moción parlamentaria que trata esta materia, en un trabajo amplio con el mundo científico, social, económico y político".

LOS EMBATES MINEROS

Para la industria de la minería, incluso la propuesta del gobierno, que es duramente criticada por los grupos ambientalistas, es perjudicial para su actividad. Una de las principales empresas en contra es precisamente Codelco.

En la minera estatal creen que la ley impactaría negativamente en la economía del rubro. En mayo pasado, en entrevista con el diario "Estrategia", la directora de asuntos regulatorios de Codelco, Francisca Domínguez, aseguró que "Codelco tiene al día de hoy operaciones y proyectos relevantes en áreas de glaciares. Operaciones como Andina y El Teniente, minas muy conocidas, se encuentran en áreas de glaciares, eso es un hecho y no podemos hacer mucho al respecto".

Para Domínguez, estas prohibiciones planteadas por la ley complicarían el plan de negocios de la minera estatal y, de paso, los recursos que ésta entrega al fisco. "(La iniciativa) puede afectar nuestros compromisos, en términos de los excedentes que Codelco entrega al Estado".

Por otra parte, en la misma entrevista, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, asegura que, tal como está redactada la ley, "implicaría restringir la actividad minera en muchas cuencas donde existen recursos mineros y concesiones vinculadas a nuevos proyectos o la expansión de explotaciones existentes".

Según datos de Greenpeace, existen unos 15.000 glaciares que están fuera de los parques nacionales y, como anticipó Villarino, muchos de ellos están en zonas de concesión minera.

El líder gremial aseguró que el sector prefiere una evaluación caso a caso como está contemplado hoy en día, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En una columna publicada en el diario "La Tercera" el 25 de agosto, Villarino se explaya más sobre esta materia y explica que "Ante la iniciativa legal original, el Consejo Minero ha hecho ver que la sustentabilidad implica un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico. Para ello no resulta conveniente establecer prohibiciones o restricciones absolutas y a priori a la afectación de los glaciares. (...) En este sentido, señalamos que la evaluación ambiental debe hacerse caso a caso. No todos los glaciares son iguales y se comportan de la misma manera". 

El presidente del Consejo Minero asegura también que el proyecto de ley parlamentario es demasiado prohibitorio, lo que "impediría el desarrollo futuro de la minería, ya que en Chile, por condiciones geográficas, los glaciares y la actividad minera se localizan en una franja común. Sólo en Argentina y Kirguistán tienen legislaciones tan restrictivas".

El escrito termina argumentando que "la gran amenaza para la subsistencia de los glaciares en el mundo es por lejos el cambio climático. Algunos grupos ambientalistas extremos, con mala fe, han tratado de culpar de esto a la minería".   

EL ARGUMENTO AMBIENTALISTA

La columna de Villarino encontró eco en Greenpeace, que envió una carta dos días después firmada por su jefa de campaña, Estefanía González. 

En ella, González rebate la tesis de Villarino: "Surge una pregunta básica: si existe un bosque nativo que está en extinción, ¿iríamos a talarlo? Seguramente no. Lo mismo sucede con los glaciares. El cambio climático los está extinguiendo y la minería, al intervenirlos, actúa como 'tala', acelerando este proceso". 

Con esta idea también concuerda Ferrando, quien desde su posición como académico asegura que "están afectando a los glaciares ambos procesos (el cambio climático y la minería). Uno es un proceso global de calentamiento que se está acelerando y por eso el derretimiento de los glaciares va más rápido. Y, dentro de ese escenario, que la minería vaya por su lado y destruya o afecte el equilibrio de los glaciares que ya están en desequilibrio, sólo agudiza el problema". 

"Nosotros estamos en contra de la minería que destruye glaciares, a la que queremos ponerle limitaciones", dice González. "Hoy en día, las empresas están poniendo sus botaderos encima de glaciares, están haciendo caminos sobre ellos. En el fondo, tiene que haber una inversión de su parte para crear la infraestructura necesaria y generar los botaderos en lugares en donde no hayan glaciares, porque éstos son estratégicos tanto desde el punto de vista de sus funciones ecosistémicas como del aporte hídrico para la población. El día de mañana, ni la minería se va a poder desarrollar si es que no tenemos agua".

Otro de los argumentos apela a la importancia de estas formaciones de hielo en la vida de las comunidades que están en sus alrededores. Dice González que "la misma estrategia para la protección de glaciares que sacó la DGA antes de este debate legislativo reconocía que en algunos casos hasta el 70% del agua de los ríos en época de verano, cuando había sequía, podía provenir del hielo glaciar. No hacer una ley que proteja los glaciares significa estar poniendo en riesgo el abastecimiento del agua en la zona del país donde vive la mayor cantidad de personas".

En cuanto al actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mecanismo por el cual se evalúan los proyectos actuales, González asegura que su principal problema reside en que permite la intervención de glaciares, pues su objetivo no es no realizar proyectos, sino que busca mejorarlos y generar mitigaciones y compensaciones.

"Nosotros creemos que no es posible mitigar ni compensar el daño a un glaciar, porque cumple funciones irremplazables", asegura.

Para la organización, el nuevo proyecto sí debería contemplar la posibilidad de “desafectar” un glaciar, para que, por ejemplo, si uno de estas reservas de agua fue catastrada el 2008 y 10 años después se demuestra que éste ya no existe, se pudiera hacer uso de ese suelo.

LA ACTUALIDAD

En la Comisión de Medio Ambiente, donde se discute el proyecto, existen actualmente tres posturas. La primera de ellas es la posición del Gobierno, que puja por proteger totalmente sólo a los glaciares que se ecuentren en parques nacionales. El resto, podrá ser intervenido sólo luego de pasar un Estudio de Impacto Ambiental.

Existe otra posición que busca proteger los glaciares sólo cuando éstos representen reservas estratégicas de agua, aunque quienes tengan intereses en intervenirlos podrán apelar a los tribunales ambientales.

Según la posición de algunos grupos ambientalistas, esto podría desequilibrar la balanza para quienes tengan más recursos para llevar adelante un juicio, como es el caso de las grandes mineras.

La jefa de campaña de Greenpeace lo pone de la siguiente forma: "es una irresponsabilidad del poder legislativo y del Estado derivar su rol, pudiendo legislar hoy, pudiendo dejar esas normas claras hoy día en la ley, a un tribunal ambiental que no va a tener criterios técnicos ni científicos para determinar hacia un lado y hacia el otro. Por lo demás, las capacidades de las comunidades de enfrentarse a las mineras en un tribunal ambiental es bajísima. ¿Con qué recursos los van a hacer?”.

Además, está la posición más radical, que es la de la mayoría de los grupos ambientalistas, que piden una ley que declare "intocables" a los glaciares y su entorno, sea cual sea la circunstancia.

Sea como sea, mientras los ambientalistas y parlamentarios continúan pujando por una ley que prohíba las actividades comerciales y las mineras pidan una regulación que les permita llevar a cabo su negocio, estos gigantes de hielo seguirán ahí, como espectadores silenciosos de la discusión sobre su futuro.

Fotos: Greenpeace

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